La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia instó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, a convocar al diálogo a las organizaciones sociales, de manera urgente, para acordar la fecha de las elecciones generales a fin de que se plasme en un instrumento de cumplimiento general y obligatorio.

Mediante una carta, la FAM hizo conocer al Presidente del TSE su preocupación por las movilizaciones de organizaciones sociales autoconvocadas debido al anuncio de la postergación de las elecciones generales, determinada unilateralmente por el órgano electoral.

En el documento, los municipios expresan su preocupación por las movilizaciones de sectores, que temen que la postergación permanente de la fecha de elecciones nacionales tenga un fin prorrogista del gobierno transitorio, por lo que exhorta a encontrar el camino de diálogo, para que los bloqueos puedan ser levantados.

“En ese sentido, proponemos que el diálogo sea convocado, de manera urgente para que las organizaciones sociales movilizadas sientan tranquilidad de que la salida será democrática, y que la fecha que se de en el marco de una nueva ley como ocurrió en otras oportunidades, donde los acuerdos que usted alcanzó concertando fechas, esta vez se plasmen en un instrumento de cumplimiento general y obligatorio”, reseña la misiva.

En ese marco, la FAM consideró que es fundamental que los presidentes de las dos Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional puedan fortalecer el acuerdo entre el TSE y las fuerzas políticas, organizaciones sociales, y este, se plasme en una ley.

“La Federación de Asociaciones Municipales, y otros actores más, podemos facilitar las condiciones y el clima para que todos los sectores puedan encontrarse y buscar de forma definitiva y democrática una solución a estos problemas”, apunta la carta.

Desde el 3 de agosto, las organizaciones sociales mantienen una huelga general indefinida y el bloqueo de caminos a nivel nacional en rechazo de la postergación de las elecciones generales para el próximo 18 de octubre, lo que amplía el mandato del gobierno transitorio y agudiza la crisis política, económica y social en el país.