Gobierno consulta al TCP sobre constitucionalidad de la ley que obliga a clínicas privadas a atender casos de COVID-19 

El Gobierno envió, este viernes, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que dispone la obligación de que las clínicas privadas atiendan pacientes con coronavirus COVID-19.

“Hemos elevado esta consulta sobre la constitucionalidad de esta ley, porque no podemos seguir permitiendo de que se emanen leyes que no solo van contra la Constitución Política del Estado e implican una serie de gastos para el Tesoro General de la Nación (TGN)”, afirmó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado.

Ante esto, la autoridad afirmó que el parágrafo cuarto, del artículo 321, de la Carta Magna establece que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Asimismo, indicó que cuando la propuesta normativa no es una iniciativa del Ejecutivo, el Legislativo, controlado por el MAS, debe realizar una consulta previa sobre la norma, lo cual no se efectuó.

El 8 de julio, el proyecto de ley extraordinario para garantizar la atención y el tratamiento por parte del subsector privado de salud, durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, fue sancionado por la Cámara de Senadores y remitida al Ejecutivo para su promulgación.

La norma señala que los establecimientos médicos particulares, en todos sus niveles, “deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público”, para ser diagnosticadas o tratadas por el COVID-19.

También establece que el Gobierno deberá devolver los “costos mínimos” a los centros médicos privados por los servicios de diagnóstico, atención y tratamiento.

Al respecto, el Viceministro afirmó que el proyecto de ley tiene varias “contradicciones de forma y fondo”, lo que en su criterio demuestra un desconocimiento en el manejo de las leyes, la Constitución y los términos técnicos sobre el funcionamiento de las clínicas privadas.

Delgado explicó que una de las contradicciones está referida a que los fondos para ese beneficio provendrán de los créditos y donaciones externas, lo cual es inviable tomando en cuenta que la Asamblea paralizó la aprobación de los préstamos destinados a la lucha contra el coronavirus.

“No creemos que esto (el proyecto de ley) se realizó por ignorancia, (sino) que se tiene una intencionalidad política de bloqueo que muestra, una vez más, la inconsciencia de la Asamblea”, aseguró la autoridad.

En tanto, el Viceministro aclaró que no se oponen a que los pacientes con el virus puedan recibir atención en las clínicas privadas, porque es responsabilidad de todos.

Por ello, la autoridad mencionó que se ha conversado con las clínicas privadas para que se pueda disponer entre el 30% y el 50% de su capacidad instalada para atender a los enfermos con coronavirus.

“Estamos haciendo esta consulta, porque si esa ley se emite se tendrá una serie de problemas jurídicos y económicos”, anticipó Delgado.

ABI